Según ESMA y Hacken, a partir del 11 de mayo de 2026, los proveedores de servicios de criptoactivos de la UE (CASPs) deben lograr la autorización completa de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) o cesar sus operaciones antes del 1 de julio de 2026, marcando el fin del periodo transitorio de reconocimiento de situaciones preexistentes. MiCA, que entró plenamente en vigor el 30 de diciembre de 2024, exige que los proveedores autorizados cumplan estándares integrales para la conducta en el mercado, la protección del consumidor y la lucha contra el blanqueo de capitales. La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA), aplicable desde el 17 de enero de 2025, impone estándares a nivel bancario de ciberseguridad y resiliencia operativa. Además, el marco de notificación de criptoactivos (CARF) bajo DAC8, activado el 1 de enero de 2026, exige la notificación obligatoria de transacciones a las autoridades fiscales en todos los estados miembros de la UE. Una vez autorizados, los CASPs obtienen derechos de “pasaporte” en toda la UE para operar en los 27 estados miembros con una sola licencia. Los costos de cumplimiento están acelerando la consolidación del mercado, ya que las empresas más pequeñas luchan por cumplir los requisitos regulatorios combinados.